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Porras ordena el traslado de fiscal a cargo de investigaciones clave.

La fiscal general, María Consuelo Porras, ordenó el traslado de Carlos López Aquino de la Fiscalía contra Delitos Electorales hacia la Fiscalía de Sipacate, Escuintla.

Carlos López Aquino estuvo a cargo de la investigación que vinculó a Otto Pérez Leal, Stella Alonzo y otros funcionarios municipales con la presunta utilización de fondos públicos de la comuna de Mixco para la campaña electoral del Partido Patriota.

El Ministerio Público confirmó el cambio del fiscal López Aquino e indicó que se dio por necesidades del servicio, de acuerdo a lo que establece su ley orgánica.

«Todo cambio se realiza de conformidad con las facultades que la Ley otorga, a efecto de garantizar la eficacia en el servicio», indicó el departamento de Prensa.

Dentro del trabajo que realizaba Aquino, en la Fiscalía contra Delitos Electorales, mantuvo diferencias con el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, luego de que no le autorizara un caso en el que investigaba.

El caso de Pérez Leal
Otto Pérez Leal fue ligado a proceso por conspiración, asociación ilícita, peculado por sustracción, malversación de fondos, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con propósitos electorales.

Cada uno de los señalamientos está relacionado a la sustracción de Q24 millones de la Municipalidad de Mixco, cuando fungió como alcalde.

Según la Fiscalía de Delitos Electorales, los fondos habrían sido para financiar la campaña electoral del Partido Patriota.

Stella Alonzo
El pasado 6 de agosto, el Ministerio Público realizó operativos junto a la Policía Nacional Civil para capturar a implicados en una investigación donde existen indicios que recursos de la Municipalidad de Mixco se utilizaron para la campaña electoral del Partido Patriota en 2015.

Entre las personas implicadas se encuentra la exdiputada Stella Alonzo, quien fue pareja de Otto Pérez Leal. El hijo del expresidente Otto Pérez Molina ya se encuentra capturado.

El juez de Mixco otorgó al Ministerio Público un plazo de seis meses para terminar la investigación y definir si Stella Alonzo enfrentará juicio o se resuelve con otra medida judicial el caso.

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