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PDH presenta informe donde resalta «La importancia que tiene en el país»

Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos, presentó este miércoles ante el Congreso de la República el informe anual circunstanciado de actividades de la PDH donde resalta «La importancia que tiene en el país».

De acuerdo al informe el fortalecimiento de la PNC se ha visto descuidado porque el Estado mantuvo de forma permanente la participación del Ejército en tarea de seguridad ciudadana, no obstante que se anunció su retiro definitivo en mayo 2018.

En cuanto al debilitamiento de la independencia judicial, la Fiscalía de Derechos Humanos reportó en 2018 163 denuncias presentadas por operadores de justicia aunque sin indicar a qué instituciones pertenecían.

La situación del Sistema Penitenciario se mantiene en crisis por la falta de medidas eficaces para resolver situaciones como la debilidad en el control y seguridad de los centros de detención.

Aunque ese año hubo avances en juicios nacionales, las víctimas del conflicto armado siguen pendientes de la justicia transicional (de reparación). Casos como Molina Theissen, Sepur Zarco y Dos ya fueron condenados.

Tras los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 en el Hogar Virgen de la Asunción, en 2018 se han realizado algunas reformas a los Derechos de la niñez y adolescencia. Sin embargo los datos estadísticos del INACIF demuestran que se mantiene la tendencia de maltrato contra los niños, niñas y adolescentes.

En cuanto a los derechos de las mujeres la PDH recibió 48,426 denuncias, de las cuales 23,421 fueron por violencia sicológica; 324 por violencia sexual, 218 por violencia económica y 6,689 que no registran su causa. Se han reportado avances en la justicia especializada y un crecimiento de la cultura de denuncia.

Mientras que la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajos forzados continúan siendo las modalidades más detectadas de este delito en el mundo.

Entre otros puntos, el informe asegura que las personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios afrontan dificultades para el acceso a bienes y servicios en tanto que el Estado guatemalteco no garantiza la protección de sus derechos.

Mientras que las personas que viajan en transporte público siguen sin contar con un transporte digno y adecuado.

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ZALO CARRILLO

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